La mesa de trabajo municipal creada para abordar la problemática de la ocupación de viviendas en Lucena ha adoptado sus primeras decisiones tras analizar los informes de diagnóstico aportado por las concejalías de Servicios Sociales, Urbanismo y Seguridad Ciudadana, según ha avanzado el presidente de la comisión, el concejal Jesús López.
En reunión celebrada ayer jueves, esta comisión especial constituida por representantes de los grupos políticos y técnicos municipales ha acordado la creación de un servicio de asesoría jurídica a disposición de los vecinos afectados por la ocupación ilegal de viviendas y el encargo de informes de salubridad de diferentes edificios de viviendas en las calles Mediabarba y Huertas.
Asimismo, se decidió solicitar la incorporación a esta mesa de trabajo de un representante de Policía Nacional, por ser el cuerpo de seguridad con más competencias en este asunto y por su mayor grado de conocimiento de la situación real, y un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Respecto a las viviendas sociales gestionadas en el municipio por AVRA (la agencia andaluza de la vivienda), desde el Ayuntamiento lucentino se solicitará la actualización de su parque de viviendas para poner solución a las viviendas de su titularidad actualmente ocupadas, con el objetivo último de que estas viviendas puedan ofertarse a las familias oficialmente inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida.
Estas primeras medidas surgen de “nuestra preocupación por los conflictos de convivencia que están surgiendo entre vecinos en algunas zonas como la calle Mediobarba”, ha asegurado el presidente de la comisión, que ha instado a los grupos políticos a presentar “nuevas medidas” para que puedan ser estudiadas en la próxima reunión, prevista para el mes de abril.
Según los informes técnicos elaborados por las concejalías, en la actualidad Servicios Sociales viene haciendo un seguimiento de 24 familias que viven en viviendas ocupadas, mientras que desde Policía Local han contabilizado 17 puntos con problemas de convivencia que han requerido de la presencia de los agentes, que en los últimos meses han evitado hasta 4 ocupaciones más.
Con todo, Jesús López ha asegurado que se seguirá trabajando “para conocer el censo real de viviendas ocupadas”, al tiempo que ha querido matizar que “no todas las ocupaciones proceden de actividades delictivas”, pues “en algunos casos son familias que pasan por dificultades económicas provisionales” que nada tienen que ver “con grupos organizados que sin rubor actúan claramente desde el delito vendiendo incluso viviendas previamente ocupadas”.
