El Tribunal de Recursos Contractuales decidirá la validez del pliego de contratación de la ayuda a domicilio

El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Lucena ha decidido este viernes remitir al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía el recurso especial presentado por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio contra el criterio de mejora salarial incluido en la licitación de dicho contrato.

Este acuerdo, adoptado por unanimidad de todos los grupos municipales durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de agosto, supone además la suspensión del procedimiento de contratación en tanto no se resuelva el recurso objeto de este asunto por el citado Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía.

Fue el pasado 30 de junio cuando el Pleno municipal respaldó la licitación de la gestión de la ayuda a domicilio estableciendo un precio de 14,35 euros por hora de servicio en días laborales y de 16,39 euros por hora en días festivos con un coste estimado anual de 3.460.496 euros. Aquel acuerdo incluía en el pliego administrativo una cláusula de mejora salarial como criterio de adjudicación, un aspecto que la entidad recurrente pide que se anule y se deje sin efecto antes de seguir con el proceso de contratación.

Las reacciones a la presentación de este recurso especial por parte de los grupos municipales han ido todas en la misma dirección. “Es un escenario ya previsto que no nos sorprende”, ha comentado Jesús López, en nombre de Ciudadanos, y “ya advertimos en junio, cuando aprobábamos la contratación que la reclamación podría llegar”, ha dicho desde Vox Antonio Hidalgo.

En el PP, Rosario Valverde ha respaldado la posición contraria a la impugnación de la licitación por ser “esta mejora salarial que defendemos una cláusula que está apareciendo en licitaciones similares de otras ciudades y aunque sabemos que las instancias judiciales son contrarias a la inclusión en los pliegos de este tipo de cláusulas, también los criterios judiciales pueden cambiar”.

En esa misma línea, la concejal de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, ha sostenido en nombre del PSOE, que “la inclusión de esos criterios sólo responde a nuestra intención de mejorar las condiciones laborales para las trabajadoras que prestan este servicio”. Por último, desde Izquierda Unida, Miguel Villa, que también ha votado a favor de los acuerdos, ha recordado que “la postura de IU sigue siendo contraria a un sistema de gestión indirecta para la ayuda a domicilio.”