La provincia de Córdoba registró un total de 132 agresiones a sanitarios durante el año 2021

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que, en la provincia de Córdoba se han registrado un total de 132 agresiones durante el año 2021, de las que 18 fueron físicas y 114 verbales, tales como insultos o amenazas. SATSE condena estos actos violentos contra profesionales en el ejercicio de su labor asistencial a la vez que recuerda que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional.

A nivel autonómico, según los datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y recopilados por el Sindicato de Enfermería, en 2021 se produjeron un total de 1.208 agresiones en centros sanitarios de Andalucía, de ellas 230 de carácter físico y 978 verbales, tales como amenaza e insultos. Estos datos se traducen en un incremento del 16 por ciento las agresiones respecto al año 2020, en el que se registraron 1.042, destacando el crecimiento de la violencia de estos actos como demuestra que las agresiones físicas hayan crecido en un 30 por ciento, con 230 casos en 2021 frente a los 176 de 2020.

Por provincias, el Sindicato de Enfermería detalla que Sevilla es la que contabiliza mayor número de ataques al personal del SAS en 2021 con un total de 242 (45 físicas), seguida de Cádiz con 196 (40 físicas), Málaga con 187 (50 físicas, la mayor cifra de Andalucía de este tipo), Huelva con 141 (14 físicas), Córdoba con 132 (18 físicas), Granada con 124 (29 físicas), Jaén con 98 (13 físicas) y por último Almería con 88 víctimas de agresiones (21 físicas).

Entre las pretensiones que derivan en estas agresiones, para SATSE es llamativo que las principales tienen que ver con la demanda de atención no satisfecha (atención sin cita, tratamiento distinto al prescrito, etc), con 33,53 % de los casos, o por desacuerdo con el trato o conducta en el acto profesional, un 22,52% de las agresiones y también un 18,87% que no tienen causas aparentes.

Además, por categorías destaca también que el 78% de las agresiones tienen como víctimas al personal sanitario y de ellos se desglosa que el 44% es a las categorías que el SAS engloba bajo la antigua denominación de “licenciados sanitarios”, que incluye a las enfermeras y enfermeros, que son los profesionales que más sufren los actos violentos al estar en primera línea, muy por encima de los médicos (25%) o las auxiliares de enfermería (28%).

Por eso la organización sindical insiste en que la agresión en ningún caso es la solución, apelando una vez más para que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, a la vez que subraya que los actos violentos cometidos contra los sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas, son considerados delitos de atentado, pudiendo llegar a implicar penas de prisión de uno a cuatro años y multas.

De igual forma, SATSE recuerda que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir pacientes y familiares no son responsabilidad del profesional, que en muchas ocasiones es la primera víctima de las deficiencias y que hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria a pesar de los duros meses que llevan sufriendo por la pandemia en unas condiciones de trabajo muy adversas.

Medidas

SATSE además propone, entre otras medidas de carácter estructural, el generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión de los centros sanitarios, así como los dispositivos sonoros de alarma en las consultas, y que la iluminación sea óptima en cualquier estancia del centro.

Entre las medidas de carácter activo, la organización sindical apunta la inclusión en la historia clínica del ciudadano que se haya visto involucrado en un acto de violencia contra los profesionales sanitarios y, entre las de carácter organizativo, reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera/o e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares. 

La organización sindical recuerda que ya antes del inicio de la pandemia trasladó Gobierno central y a la propia Junta de Andalucía una propuesta de Ley con éstas y otras medidas concretas, más de medio centenar, para acabar con un grave problema que sufren ocho de cada diez enfermeras y enfermeros a lo largo de su trayectoria profesional.