Cuatro detenidos por explotar a migrantes en el campo, alojarlos en 'pisos patera' y pagarles menos de lo estipulado

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta pertenencia a una organización criminal supuestamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral para tareas agrícolas en la provincia de Córdoba.

Los agentes han desarrollado la operación 'Balma' tras varias informaciones que alertaban de que en la localidad de Palma del Río pudiera estar tratando de asentarse un organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en fincas agrícolas de la zona, aprovechando para ello la gran demanda de trabajo existente en las explotaciones agrícolas de la localidad y otras próximas.

Con las primeras investigaciones averiguaron que la organización, además de pagar a los migrantes menos de lo estipulado en los convenios agrícolas, les alquilaba viviendas, 'pisos patera', por un precio muy superior al del valor del mercado, aprovechándose de la situación administrativa irregular en España de los mismos. En algún caso, incluso bajo la promesa de que si trabajaban para la organización y aguantaban, les conseguirían la documentación para residir y trabajar de forma legal en España.

Una vez alojados en los 'pisos patera', los ponían a trabajar en las fincas agrícolas, de forma fraudulenta, sin contratos ni altas en la Seguridad Social, explotándoles en la recolección y obligándoles a realizar largas jornadas, todo ello con el fin de aumentar los beneficios obtenidos por la organización.

Asimismo, el 'cabecilla' de la organización presuntamente impartía instrucciones a los trabajadores en situación irregular para que se aprendieran de memoria la identidad de otras personas en situación regular y así dificultar su identificación por parte de la Inspección de Trabajo.

Además, esto provocaba que los dueños de las explotaciones agrícolas desconociesen la situación de las personas que iban a sus terrenos, creyendo que todos los trabajadores estaban contratados de forma legal. Tras comprobar estos extremos, se dio por finalizada la fase de investigación y se dio paso a la fase de explotación de la operación.

Con respecto a los tres miembros restantes de la organización, reseñar que dos de ellos realizaban tareas de vigilancia de los migrantes en las fincas y se encargaban del transporte de estos a los lugares de trabajo y que el tercero se encargaba de contactar con las fincas con necesidades de jornaleros para marcar de ese modo los objetivos de trabajo a cubrir diariamente.

Durante el desarrollo de la operación, se ha llevado a cabo un registro en el domicilio del principal investigado, en el que se ha intervenido numerosa documentación personal de las víctimas --documentos de identidad nacionales de su país, libretas de apuntes sobre el trabajo, recibos de pagos de alquileres y libretas bancarias de otras personas--, así como diverso material informático y teléfonos móviles, que están siendo objeto de análisis y estudio. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.

Desde el Instituto Armado apuntan que "el ámbito agrario es uno de los sectores donde los grupos criminales dedicados a la trata de seres humanos, con fines de explotación laboral, ejercen su actividad", de modo que "las diferentes campañas de recolección en las explotaciones agrícolas son especialmente sensibles, porque generan una gran demanda de trabajadores temporales concentrada en períodos estacionales".

Las organizaciones de tratantes presuntamente captan a sus víctimas mediante engaño y se benefician ilícitamente de su trabajo en el campo. Suelen ser personas extranjeras --comunitarias y de terceros países-- que se encuentran ya en España o que son captadas directamente en sus países de origen para ser explotadas.

La trata de seres humanos constituye "una prioridad" para la Guardia Civil y sus capacidades de actuación integral la convierten en "referente internacional en la lucha contra este fenómeno".

Durante 2021, la Benemérita ha llevado a cabo en la provincia un total 26 inspecciones preventivas en lugares donde podrían existir víctimas de explotación laboral o sexual, identificando a 806 personas. Estas inspecciones se realizan en coordinación con la Inspección de Trabajo.

La Guardia Civil subraya la importancia de la colaboración ciudadana para comunicar y denunciar situaciones de trata de seres humanos. Para ello cuenta con el número de teléfono 062 y con el servicio de alertas 'app' 'Alertcops', que permiten ofrecer una repuesta ágil, tanto a víctimas como a denunciantes.