La Junta reclama el mismo trato fiscal para el olivo cordobés que para el jienense
Se ha pedido una reducción de módulos del IRPF del 0,26 al 0,18 para los productos del olivo para toda Andalucía
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, ha recordado hoy que la Junta de Andalucía ha venido reclamando en reiteradas ocasiones el mismo trato fiscal para el olivar cordobés que para el jienense pues en las distintas solicitudes realizadas al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente desde el 15 de enero, en que se remite el correspondiente informe, se ha pedido una reducción de módulos del IRPF del 0,26 al 0,18 para los productos del olivo para toda Andalucía.
De esta forma, ha recordado, que en ese primer informe se advertía sobre los problemas generados por la sequía ya que "las bajas temperaturas del mes de febrero después de un invierno de temperaturas muy suaves unido a la escasez de lluvias en otoño provocaron un descenso importante en la producción".
Sin embargo, el Gobierno consideró la situación de sequía sólo para el caso del olivar de Jaén advirtiendo que sólo en esa provincia se habían provocado pérdidas por encima del 30%. Zurera ha recordado en este sentido que entonces el Ministerio "tomó datos del aforo realizado en octubre, datos que no formaban parte del informe, y que en cualquier caso no se correspondían con los reales que sí se recogían en la información remitida desde la Consejería". Para Zurera "la Junta sin embargo sí justificó la situación de sequía para todo el olivar andaluz".
El delegado de Agricultura advierte además que "la necesidad de justificar una pérdida del 30% no figura en ningún documento ni normativa y que se utilizó de forma indiscriminada, perjudicando en este caso a los agricultores cordobeses. Así se le hizo saber al Ministerio cuando en el mes de mayo ratificaba su decisión en base a unos criterios que no se correspondían con los informes remitidos desde Andalucía".
La Consejería de Agricultura viene reclamando que se fije una norma transparente y consensuada que delimite bajo qué circunstancias deben aplicarse estas rebajas fiscales, al objeto de que genere seguridad jurídica en los realmente afectados, los agricultores, tal y como se recoge en el último escrito remitido al Ministerio el pasado mes de julio.
Zurera ha indicado que "esa última misiva insiste en esta necesidad, así como se requiere para que se consideren las inclemencias meteorológicas, como la sequía, pues pueden producir pérdidas de producción o incremento de costes que justificarían esa rebaja fiscal. Por todo ello, no entendemos que se insista una y otra vez sólo en las pérdidas de producción", ha añadido el delegado.