UGT critica que la brecha salarial en Córdoba se sitúa en el 22,92%
Según el sindicato, las mujeres perciben de media 3.430 euros menos que los hombres al año, y esta brecha salarial afectaría en nuestra provincia a 141.541 mujeres
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Córdoba ha criticado "la brecha salarial existente en Córdoba entre hombres y mujeres", que "se sitúa actualmente en el 22,92 por ciento, lo que supone que las mujeres perciben de media 3.430 euros menos que los hombres al año", lo que "hace que las mujeres cordobesas trabajen 'gratis' 84 días al año".
Así la ha destacado, en rueda de prensa, la secretaria de Organización de UGT-Córdoba, Carmen Jurado, quien ha explicado que la brecha salarial "afecta a 141.541 mujeres en Córdoba", afectando especialmente a "las mujeres de entre 46 y 55 años de edad" y, de hecho, "la mayoría de los salarios de las trabajadoras en Córdoba están más cerca del Salario Mínimo Interprofesional que el de los hombres".
Esto quiere decir, según ha subrayado, que las mujeres "somos más pobres y tenemos un salario medio de 11.536 euros, a lo que tenemos que sumar el techo de cristal, que es evidente", junto a otros datos, como los relativos a los permisos por cuidados, "ya que de cada diez solicitudes, nueve corresponden a mujeres", aumentando también la brecha entre hombres y mujeres "en los contratos indefinidos", sin olvidar que, "de cada cuatro contratos a tiempo parcial, tres los ocupan mujeres".
"Pero si la brecha salarial es alarmante, aún lo es más la que afecta a las pensiones, que asciende al 37 por ciento, debido a que la carrera de cotización es más corta, por culpa de las continuas salidas del mercado laboral y los contratos a jornada parcial", según ha explicado, por su parte, la secretaria de Organización de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT-Córdoba (UJP), Aurora Sánchez.
Para frenar esta situación, desde UGT se propone la aprobación de una Ley de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres que contemple, entre otras cuestiones, la ampliación de la obligatoriedad para las empresas de más de 25 trabajadores de contar con un plan de igualdad, la creación de un organismo público para la revisión de los convenios colectivos o el incremento de sanciones a las empresas que incumplan las normativas de igualdad.