Lucena prorroga por cinco años la deuda de 986.500 euros por incumplimiento de cuotas a la Seguridad Social
El Consistorio lucentino deberá abonar mensualmente 14.546 euros para compensar el déficit en los contratos realizados mediante programas de empleo.
El concejal de Recursos Humanos, Francis Aguilar, ha comparecido este miércoles para informar sobre la liquidación definitiva emitida al Ayuntamiento de Lucena por parte de la Inspección Provincial de Trabajo, y que contempla una deuda a la Seguridad Social de 986.500 euros, “lo que supone el mayor caso de incumplimiento en ingreso de cuotas a la Seguridad Social que ha tenido este Ayuntamiento”.
Así lo ha explicado Francis Aguilar, quien ha recordado que esta liquidación es el resultado de las diligencias abiertas en agosto de 2022 por la Inspección Provincial de Trabajo, en relación a las diferencias existentes en el pago de cuotas sociales entre los empleados municipales y los contratos laborales suscritos con cargo a diferentes programas de empleo extraordinarios gestionados a nivel municipal desde el año 2018 (tiempo máximo de revisión, al considerarse lo anterior periodo prescrito), a los que se les pagaba según lo recogido en estos programas y, por tanto, percibían un salario menor al estipulado en el acuerdo marco del Ayuntamiento que actúa como convenio colectivo.
El edil de Recursos Humanos ha citado una parte del informe municipal solicitado a los servicios jurídicos, para referirse a que “la exclusión de este colectivo de trabajadores del ámbito de aplicación del convenio colectivo es contraria al principio de igualdad ante la ley derivado de los artículos 9 y 14 de la Constitución”.
“La Seguridad Social nos ha concedido un aplazamiento sin intereses por un periodo de cinco años para hacer frente a esta deuda de casi un millón de euros, realizando para ello un primer pago de 194.401 euros de cuota inaplazable y, a partir de ahora, desde las arcas municipales se tendrá que asumir un pago mensual de 14.546 euros durante estos próximos cinco años, plazo que, de no cumplirse, sí tendrá una penalización de 82.708 euros”, ha explicado.
“A esta cantidad se sumará cerca de 800.000 euros en concepto de intereses, cuotas salariares y costas procesales, cuando en los próximos meses finalicen los señalamientos judiciales que desde el Ayuntamiento tenemos pendiente con los trabajadores contratados a través de estos programas temporales”, ha concluido Francis Aguilar.