Aguas de Priego detecta irregularidades en el suministro de agua potable de la localidad
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha colaborado con Aguas de Priego en la búsqueda y detección de estas prácticas constitutivas de delito
Aguas de Priego recuerda que los recursos hídricos son limitados y que es responsabilidad de todos ayudar a un uso racional y sostenible del agua que contribuya al cuidado del medio ambiente, por lo que quiere agradecer al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil la colaboración prestada en el día de hoy, en el que se han detectado irregularidades en las inspecciones realizadas así como su compromiso para seguir ayudándonos a detectar y erradicar estas prácticas.
La defraudación de agua está prevista y penada como delito en el artículo 255 del Código Penal y por lo tanto, es susceptible de denuncia ante las autoridades judiciales. Se trata de un delito que afecta a toda la población, especialmente en aquellas zonas dónde la escasez de agua puede condicionar que la regularidad en el suministro se vea afectada, como ocurre en algunas de nuestras aldeas.
Ante el perjuicio que ocasionan estas conexiones irregulares, las entidades suministradoras pueden emprender acciones legales por las manipulaciones detectadas en el servicio de abastecimiento (alteración de contador, derivación de suministro, conexión sin contrato, etc.). El defraudador, además de cumplir la pena que le pudiera corresponder por el delito, deberá pagar el suministro defraudado según el protocolo que establece el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de Andalucía (RSDA), por el cual los inspectores autorizados por la Consejería de Industria y Consumo, redactan un informe con las anomalías detectadas. Tras esto, se puede llegar incluso a la suspensión del suministro si no se subsanan las irregularidades y se abonan los importes determinados por el fraude cometido.
El Servicio Municipal de Aguas de Priego lo conforman sus vecinos y visitantes, por lo que, acciones fraudulentas como éstas de unos pocos, repercuten en el bienestar general de la población, siendo interés de todos identificar y sancionar a los defraudadores que, con sus acciones, perjudican al resto de ciudadanos.