CSIF Córdoba ha realizado hoy un análisis del inicio del curso escolar 2019-2020 en el que se ha presentado una encuesta con las opiniones de los docentes para conocer las principales deficiencias y retos del nuevo año educativo. La responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Elena García, indica que una de las cuestiones en las que más inciden los profesionales es el tema de las elevadas ratios en las aulas de los centros públicos.
La dirigente sindical destaca que “detectamos con preocupación cómo en no pocos centros de la provincia se inicia el curso con cupos sobrepasados a lo establecidos en la normativa vigente, incluso llegando a algunos grupos de Bachillerato a 44 alumnos por aula”. “Es verdad que existe una medida excepcional para elevar la ratio en un 10% en los casos de escolarización sobrevenida, pero de ningún modo puede convertirse en un recurso habitual de la Administración educativa”, recalca García.
CSIF, sindicato mayoritario en la Enseñanza Pública cordobesa y andaluza, señala que este problema no sólo ha ocurrido en Nueva Carteya y en Fuente Palmera durante este inicio del curso, sino que también se han producido ratios elevadas en colegios e institutos de la capital, Lucena, Doña Mencía, Belalcázar y Puente Genil.
El estudio apunta que más del 60% de los docentes consultados aseguran que en sus centros hay cupos iguales o superiores a los 25 alumnos fijados por la normativa en el caso de Infantil y Primaria, mientras que un 40% de los profesores de Secundaria se enfrentan a ratios iguales o superiores a 35 alumnos. Desde hace dos años, CSIF Córdoba tiene en marcha una campaña para la reducción de las mismas en, al menos, 5 alumnos menos, por unidad, una medida que generaría 1.500 puestos docentes en la provincia.
La máxima representante del Sector de Educación de CSIF Córdoba defiende que “es necesaria una adecuada planificación por parte de la Administración a fin de evitar que se sigan suprimiendo unidades en la Enseñanza Pública, teniendo en cuenta que en el último lustro son 250 las que se han perdido en la provincia”. “La Delegación Territorial de Educación debe dejar de maquillar la realidad y ofrecer datos reales sobre este asunto”, recalca García.
Por otro lado, el informe revela que las plantillas han comenzado incompletas el nuevo curso escolar, sobre todo en Secundaria. Sobre la posibilidad de aumentar el personal en los centros, el 80% de los docentes de Primaria consultados aseguran que se trata de una medida muy necesaria, mientras que un 52% del profesorado de Secundaria considera que es muy necesaria y un 48% cree que es moderadamente necesaria.
En este sentido, el sindicato aboga por la incorporación de todos los efectivos en las plantillas de los centros educativos cordobeses durante la primera semana de septiembre, ya que ello redundaría en una mejor planificación de los colegios e institutos, en la distribución de tutorías o en las labores de coordinación y organización.
Por su parte, el secretario de Organización del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Samir Wahab, resalta que los recursos personales para atender a los alumnos con necesidades educativas especiales siguen siendo “insuficientes”. “En consecuencia, algunos de estos alumnos se limitan a recibir medidas generales en lugar dar respuesta a sus dificultades en el aprendizaje”, resalta el dirigente sindical.
En la encuesta se indica que sólo el 60% de los centros educativos públicos tienen en plantilla a un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) a tiempo completo, una cifra que baja al 40% en el caso de Audición y Lenguaje (AL). En el resto de los centros este docente se comparte con otros o, directamente, no existe ese recurso. CSIF defiende que todos los colegios de la provincia cuenten, como mínimo, con un especialista en ambas disciplinas a tiempo completo, sin perjuicio de la dotación de recursos adicionales atendiendo a las necesidades de cada centro.
En cuanto a las demandas de los docentes, CSIF se hace eco del malestar que ha supuesto en los centros de Infantil y Primaria la implementación de una instrucción sobre el curriculum que implica un cambio normativo impuesto por la Consejería de Educación y Deporte. Esta medida ha incidido de manera negativa en la confección de los horarios y supresión de puestos docentes.
“Solicitamos a la Administración que haga públicos los criterios que justifiquen que los docentes de Educación Especial deban compartir centros y que se incremente la plantilla si se detectan necesidades a lo largo del curso sin que eso suponga quitar recursos a otro centro”, concluye Wahab.
