Desde Ecologistas en Acción de Córdoba han exigido que se cumpla la Ley de Transparencia en el trámite de Información pública del estudio informativo de la Autovía A-81: Badajoz- Córdoba-Granada. Tramo: Badajoz-Espiel (Córdoba). La asociación ambientalista lleva desde el 4 de enero intentando consultar el documento en papel en la Delegación del Ministerio sita en Avenida de Mozárabes nº1 de Córdoba, dado el conjunto ingente de documentación y la mala visibilidad de los cientos de planos en el ordenador prefieren consultar la documentación en soporte físico tal como anuncia el BOE de 3 de enero.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, Artículo 22.1, formalización del acceso defiende los derechos del grupo ambientalista y se está incumpliendo: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. “
Hasta ahora la asociación solo ha podido contactar por teléfono con el Jefe de Demarcación, Marcos Martín Gómez. Este funcionario informa a la asociación que no está disponible físicamente el documento debido al gasto monetario para el Ministerio que supondría tener una copia en papel en Mozárabes. "El experto de Ecologistas en Acción queda francamente sorprendido pues un proyecto que cuesta 1.200 millones de euros, como se refleja en prensa, no pueda permitirse este mínimo gasto. El experto le insiste que prefiere consultar en papel pues los mapas se ven mejor".
Ante la insistencia del experto en la obligación normativa de tenerlo en papel en Mozárabes, el Jefe de Demarcación le ofrece la posibilidad de que en plan favor se acerque a Mozárabes y Miguel Lovera Sánchez de Puerta le imprima alguna hoja que le resulte interesante. Ha pasado más de un mes desde que el experto se presentó en Mozárabes y habiendo informado de su teléfono en dicha sede, nadie de la Oficina de Carreteras se ha puesto en contacto con el socio de Ecologistas.
En segundo lugar Ecologistas en Acción destaca que el proceso de participación pública es muy deficiente. La Asociación se pregunta como para proyecto que supone un desembolso de dinero público de 1.200 millones de euros no se ha organizado ninguna reunión informativa por parte del Ministerio de Fomento donde se explique a la sociedad civil y a los grupos ambientalistas un proyecto tan complejo y que afecta tanto al territorio y a las emisiones de efecto invernadero.
La gobernanza en el proceso de redacción de un estudio como éste, que supone una inversión estratosférica de casi 1.200 millones de euros, es hoy en día imprescindible. El estudio debe incorporar y publicitar las aportaciones de los expertos y de la sociedad. Los canales y metodologías de participación desarrollados no están en consonancia con las exigencias actuales. Deben de revisarse y plantearse canales reales, universales y abiertos de participación. En el año 2022 no se debería aprobar ningún estudio de la envergadura de éste sin una articulación real con agentes y sociedad. Ya no sólo porque desde Europa se nos obligue a ello, sino porque es la única manera de realizar planificación real y de calidad.
En el documento no existen canales suficientes de incorporación para la participación ciudadana. Es un documento críptico escrito por ingenieros de caminos para que lo entiendan ingenieros. Tampoco el Ministerio ha pedido la realización de informes a expertos independientes donde se valore la rentabilidad ambiental, social y económica de esta costosísima infraestructura.
Infraestructura que por otra parte se remite a unas estrategias y modelos que son el Jurásico dentro de los conceptos actuales sobre movilidad sostenible: “Las características generales de la nueva autovía están definidas en la Orden de Estudio dictada por el Director General de Carreteras del Ministerio de Fomento el día 13 de diciembre de 2004.”
En tercer lugar en la documentación consultable en la web del Ministerio tampoco está disponible el informe técnico en relación con la A-81 emitido por la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Córdoba y que podría ser de gran ayuda para determinar el impacto ambiental de la infraestructura nueva.
En base a todo lo anterior Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio por escrito que se paralice el proceso de información pública al no haberse cumplido la normativa, faltar documentación ambiental y al no haber implicado a la población civil y a los expertos en un proceso de gobernanza serio, de calidad y contemporáneo.
