La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha elevado hoy al Consejo de Gobierno el informe relativo a los refuerzos que permitirán mejorar la atención que reciben las víctimas de la violencia de género en los juzgados andaluces. Justicia va a invertir 2,9 millones de euros del Pacto de Estado en reforzar los órganos judiciales con competencias en esta materia con 95 interinos, además de dotar de una Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) a cada una de las provincias.
En concreto, para la provincia de Córdoba se invertirán más de 206.800 euros para la incorporación de 9 nuevos interinos del cuerpo de tramitación que irán destinados a los juzgados que tienen competencias en materia de violencia de género. Cabra, Lucena, Pozoblanco, Aguilar, Priego de Córdoba, Puente Genil, el juzgado de Violencia sobre la mujer número 1, el Penal número 6 y la sección 3 de la Audiencia Provincial de Córdoba serán las sedes judiciales donde se realicen estos refuerzos.
El objetivo es agilizar la tramitación de los expedientes y mejorar la atención a la ciudadanía. Los interinos se nombrarán inicialmente para un semestre, hasta el próximo 31 de diciembre, aunque podrá ser prorrogado en 2020.
De otro lado, el Plan de Choque de las Uvivg, dependientes de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF), permitirá que Córdoba, al igual que la mayoría de provincias andaluzas, cuente con dos unidades -salvo Cádiz que tendrá tres, pues ya cuenta con una en la capital y otra en Algeciras-. Esto supone dotar de un equipo multidisplicinar completo a cada uno de los IMLCF, ya que se reforzarán con un médico forense, un psicólogo, un trabajador social y un administrativo del cuerpo C1de la Junta de Andalucía.
El coste de esta medida a nivel andaluz será de más de 740.000 euros con cargo a las cuantías del Pacto de Estado. El objetivo de la Consejería de Justicia es que estos ocho nuevos equipos estén operativos a mediados de junio hasta el 31 de diciembre, aunque la medida también puede ser prorrogable con la dotación del Pacto de Estado para 2020.
