La Junta de Andalucía garantiza el Programa de Tratamiento a Familias que atiende cada año a más de mil menores en situación de riesgo o desprotección y a más de 550 familias en Córdoba. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso, en la firma del convenio para el desarrollo de este programa con municipios de más de 20.000 habitantes.
La Junta ha firmado convenios con ocho ayuntamientos, que son el de Córdoba capital, Baena, Cabra, Montilla, Lucena, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil, así como con la Diputación Provincial.
Según Troncoso, este convenio aporta “garantía y la estabilidad en la financiación de este programa, reforzando el respeto a la autonomía local”. Para ello, la financiación se realizará por transferencias corrientes.
La delegada del ramo en Córdoba ha explicado que “este Programa consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”. Para Troncoso, “la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”.
Durante la firma de los convenios, la delegada ha destacado que con este Programa se persigue alcanzar objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
El Programa de Tratamiento a Familias contará en 2019 con una financiación de 2,1 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 1,3 millones.
Equipos de Tratamiento Familiar
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha atendido a 1.151 menores pertenecientes a 560 familias durante 2018 a través de los Equipos de Tratamiento Familiar ubicados en los servicios sociales comunitarios de la Diputación Provincial y de los municipios de más de 20.000 habitantes (Baena, Cabra, Córdoba, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba y Puente Genil).
Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han realizado previamente los Servicios Sociales Comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.
Entre las finalidades de los profesionales se encuentra posibilitar el retorno del menor a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores.
En concreto, los 15 equipos existentes en nuestra provincia trabajan con las familias que presentan situaciones de riesgo para los menores que forman parte de ellas, estableciendo planes de trabajo con ellos que permitan eliminar o mitigar esa situación problemática. Para ello, estos profesionales establecen un diagnóstico individual de cada núcleo familiar con el que se interviene, planifican las actuaciones para que se supere la situación conflictiva y realizan un seguimiento de los casos para garantizar el bienestar de los menores. De esta forma se logra mejorar la atención que las familias prestan a los niños y niñas, y se evita la adopción de medidas protectoras más severas como puede ser la separación de los menores de su familia biológica.
