La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de Construcción y Demolición de Andalucía, AGRECA, ha denunciado el vertido y depósito de forma irregular de residuos resultantes de obras de derribo en dos edificios de Lucena sin tratamiento ni control adecuados, constituyendo los hechos un presunto delito ambiental.
Según las averiguaciones llevadas a cabo, los escombros se están vertiendo ilegalmente en una parcela situada en la calle Puente Vadillo. AGRECA ha podido saber que la empresa encargada de las obras de demolición de los dos edificios está depositando los residuos de construcción y demolición en dicha finca sin que éstos sean gestionados de forma adecuada previamente, existiendo incluso residuos peligrosos, pues en una de las obras se está retirando una cubierta de fibrocemento, sin llevar a cabo las medidas correctas para su gestión establecidas en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
Por ello, AGRECA, presenta la denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, al presuntamente producirse deficiencias en las medidas de gestión en relación a la seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El vertido ilegal de RCDs podría incurrir en varios delitos
Para AGRECA, y como así se hace constar en las denuncias presentadas, la empresa encargada de los trabajos de demolición podría estar incurriendo en varios delitos, entre ellos la obligatoriedad de depositar los RCDs en un gestor autorizado para su reciclaje, así como también en un posible delito ambiental.
El depósito de los residuos efectuado de forma ilegal en la parcela de Lucena, se está realizando sin ningún tipo de tratamiento, gestión ni control de los mismos que podría provocar un fuerte impacto ambiental causando daños como la contaminación de los suelos y en la flora y fauna del entorno. Dicha actividad podría atentar contra el medio ambiente y los recursos naturales, vulnerando la normativa actual sobre el reglamento de la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, y constituyendo un delito contra la protección ambiental.
AGRECA considera que los hechos expuestos quebrantan manifiestamente lo dispuesto en el Decreto del Gobierno Andaluz 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía; los artículos 95 y siguientes de la Ley del Parlamento Andaluz 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y, particularmente, el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se aprueba la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Pudiendo vulnerar además lo dispuesto en la normativa específica sobre otros sectores del ambiente, tales como suelos contaminados, flora y fauna, impacto ambiental, recursos hídricos, contaminación del aire, además de ser contraria a las prescripciones de la Ley 7/2002, de 17 diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Esto en lo que respecta a tratamiento y control de los RCDs y a calidad ambiental, pero la asociación también considera que la actividad llevada a cabo en los dos edificios podrían constituir un delito contra los derechos de los trabajadores (artículos 316 y 317 del Código Penal), así como contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículos 325 y siguientes del Código Penal).
Por todo ello, AGRECA, presenta las denuncias descritas anteriormente ya que considera que los hechos son graves y podrían constituir delitos en contra del medio ambiente y los derechos de los trabajadores, vulnerando la normativa vigente.
El Ayuntamiento desmiente que proceda de edificios de titularidad municipal
El consistorio lucentino ha emitido esta tarde un comunicado informado de que los edificios de donde proceden los supuestos restos de obra son viviendas privadas, que no guardan relación alguna con este ayuntamiento, de modo que la denuncia debe dirigirse contra la propiedad de esos inmuebles o contra la empresa encargada de su demolición, que tampoco tiene relación alguna con el ayuntamiento.
"Está por ver que los supuestos vertidos ilegales denunciados por AGRECA se depositan en una parcela municipal, como sostiene esta entidad al aludir a una parcela de la calle Puente Vadillo, donde no existe ninguna parcela de titularidad municipal. El Ayuntamiento sí posee una parcela cercana a esta zona, pero no en la calle indicada", han señalado.
Del mismo modo, el Ayuntamiento asegura que hasta hoy no ha recibido escrito de denuncia sobre un supuesto punto de vertido irregular sin control por parte de AGRECA ni de ninguna entidad.
La Concejalía de Medio Ambiente y Policía Local han iniciado una investigación para conocer, si de verdad, existe en la zona indicada algún punto de vertido irregular sin control. En caso de ser así, el Ayuntamiento pondrá en marcha el protocolo jurídico propio de estos casos.
