A las once y media de la mañana de este viernes, más de 5.000 tractores y otros vehículos comenzaban a recorrer y colapsar la carretera autonómica A-318 y la autovía Córdoba-Málaga (A-45) a la altura de Lucena (Córdoba), recorriendo con paradas el tramo que separa los accesos Norte y Sur a dicho municipio, para protestar por la grave situación que vive el sector agrario.
La movilización, una de las muchas que se está repitiendo por todo el territorio nacional, era convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias. Sindicatos, patronal y agricultores reclaman precios justos para el productor. Policía Nacional y Policía Local controlaban la tractorada mientras que la Guardia Civil ha establecido desvíos alternativos para sortear el corte de la A-45, por la A-318 y la antigua N-331, en el kilómetro 56 de la propia autovía en sentido Málaga y en el kilómetro 62 en sentido Córdoba.
Acudían a esta movilización, el secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, junto al presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, y el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta. Todos han pedido que se modifique la Ley de Calidad Agroalimentaria con el objetivo de hacer un reparto más equitativo entre los eslabones de la cadena (industria, distribución y productores).
A juicio de Cobos, la respuesta de los agricultores y ganaderos a esta convocatoria "es tan masiva porque la situación del sector es agónica, ya que estamos sufriendo unos precios que no cubren los costes de producción, y eso hace que no le veamos un futuro, cuando se pueden arbitrar algunas medidas que no le cuestan dinero a las administraciones, sobre toda a la europea y al Ministerio de Agricultura, que son para la regulación del mercado y que pueden posibilitar la mejora de la situación".
"Si pasa algo a lo largo de la cadena agroalimentaria el que paga el pato es el agricultor. Mientras los siguientes eslabones siguen vendiendo naranjas o tomates, los agricultores no tienen tomates que vender, y no hay nada que suplemente eso", asegura el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, quien ha verbalizado el desamparo que sienten los agricultores por parte de los políticos. "La respuesta que estamos recibiendo del Gobierno no tiene en cuenta la realidad del sector, de la misma forma que la Unión Europea no atiende a los agricultores como debe", indica Fernández de Mesa.
Finalmente, la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, habla de "una pérdida de la rentabilidad, de cierre de explotaciones, y de que nuestra actividad agraria es ya prácticamente inviable".
Junto a ello, quieren que el Gobierno de España ponga en marcha medidas urgentes, entre ellas una mesa interministerial, con la implicación de Consumo, de Hacienda, de Trabajo y de Agricultura. De la misma forma precisan los agricultores españoles que se que se pongan las pilas en Bruselas. Así, a la Unión Europea le reclaman mayores controles en frontera, que se destinen mayor presupuesto de la PAC para, precisamente, ordenar y regular los mercados y que se eviten los fraudes que vienen de la mano de los tratados de libre comercio que, según los agricultores, están abocando a la ruina, a la miseria y al hundimiento de precios.
