El Pleno del Ayuntamiento de Lucena, en su sesión ordinaria celebrada anoche correspondiente al mes de noviembre, tuvo sus elementos más destacados en la aprobación de diferentes mociones y en la toma de posesión como concejala del grupo municipal de Vox de María Araceli Laura Sánchez Sicilia, en sustitución de Jesús Gutiérrez.
El proyecto humanitario que Infancia Solidaria, junto a la oenegé ANIDAN, desarrolla en Kenia protagonizó una de las mociones validadas por el plenario. Propuesta por Izquierda Unida y aprobada con el único voto en contra de Vox, la iniciativa plantea la firma de un convenio de colaboración entre el Consistorio y el colectivo solidario para la ampliación y mantenimiento de la Guardería Infancia Solidaria Lucena ubicada en el distrito de Lamu en Kenia.
Este centro ofrece a los niños residentes desde alimentación y atención educativa hasta atención sanitaria y otras necesidades básicas como alojamiento y ropa. Este convenio, dotado económicamente con 25.000 euros, se plasmará a través de la partida que anualmente el Ayuntamiento lucentino dedica a la financiación de acciones en el ámbito de la cooperación internacional.
Otra de las mociones aprobadas guardaba relación con la creación de un aparcamiento público vigilado para camiones y vehículos pesados, tema que llegaba a debate a instancias del grupo de Ciudadanos. El resto de grupos respaldaron la propuesta, entendiendo que el transporte de mercancías representa en Lucena un sector económico importante y que mantiene la necesidad de ofrecer unas instalaciones de este tipo, como así han demandado asociaciones y transportistas locales.
Tras su aprobación, el Ayuntamiento se compromete a realizar un trabajo consistente en la búsqueda de unos terrenos idóneos para este aparcamiento, el estudio de gestión para concretar el modelo de explotación y la redacción de una posible ordenanza municipal.
Por último, la totalidad del Pleno también se manifestaba a favor de autorizar, desde el Gobierno de España, una doble tarifa eléctrica para el regadío en Andalucía, discriminando la época de riego y la de no riego. Esta medida, a juicio del grupo proponente –el del Partido Popular— permitiría reducir los costes energéticos de los agricultores en el contexto actual de incrementos desorbitados de sus costes de producción.
