La agresión que sufrió un médico del Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad de Baena ya tienen sus consecuencias jurídicas, según la sentencia emitida. A través de un juicio rápido, la sentencia ya ha llegado a las partes implicadas, acarreando al agresor, una sentencia por delito de atentado, siendo condenado éste a una pena privativa de libertad de cuatro meses, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la expresa imposición de costas procesales.
Denunciados los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha celebrado en poco más de una semana el juicio rápido, por ser considerado atentado contra un funcionario público de la sanidad, contemplado en el Código Penal.
Desde la dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.
La Consejería de Salud y Familias condena cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, recordando que bajo ningún concepto o circunstancia puede justificarse este tipo de actuaciones y recuerda que ya se está trabajando en una reforma del actual plan de agresiones a sanitarios.
La Junta de Andalucía reforzará con nuevas medidas más efectivas la protección de los profesionales sanitarios ante casos de agresiones en el desempeño de su actividad, articulando entre otras acciones, el tomar medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Además, se pondrá en marcha un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.
De esta forma, en caso de que se haya producido una agresión, se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido.
