La Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno dos expedientes para afrontar el reto de la despoblación en la provincia de Córdoba. Por un lado, una convocatoria de ayudas económicas a la natalidad y adopción y, por otro, la puesta en marcha de un protocolo de actuación en materia de exclusión financiera y bancaria.
La vicepresidenta segunda y delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha destacado que “se trata de dos medidas importantes con las que queremos paliar un fenómeno, el de la despoblación, al que no es ajeno la provincia de Córdoba”. En este sentido, ha apuntado que “en la última década ha habido un índice de bajada de población muy significativo en nuestro territorio, y esto conlleva una degradación importante en el tejido social y económico”.
Siles ha incidido en que “en el mundo rural, a este descenso de la población hay que sumar el hecho de que hay menos oportunidades y servicios y se necesita, por tanto, una intervención más urgente, como la que estamos impulsando desde la Diputación de Córdoba”.
En lo que se refiere a la convocatoria de ayudas económicas a la natalidad y/o adopción, las bases se publicarán el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de mañana 10 de julio y podrán solicitarla, entre el 11 de julio y 11 de noviembre, los municipios menores de 5.000 habitantes, ELAs y aldeas de la provincia de Córdoba. El importe que se concede por cada ayuda es de 600 euros, en un único pago y se realizará en concurrencia no competitiva, es decir por orden de llegada de las solicitudes.
La cuantía global que se destina a estas ayudas es de 300.000 euros y podrán ser beneficiarios aquellos progenitores o adoptantes en nombre propio o como representantes de la unidad de convivencia que presenten solicitud de subvención en el plazo y según modelo normalizado que se establecerá en la convocatoria. Han de concurrir las siguientes circunstancias; que el domicilio del menor coincida con el de la persona beneficiaria, que conviva con el menor, que tenga la residencia en cualquiera de las entidades que figuran en el anexo y estar empadronado con antigüedad de al menos un año antes del nacimiento o adopción y que el nacimiento se haya producido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024.
La diputada ha insistido en que “la finalidad que persigue la institución con esta medida es contribuir a que las familias reciban una aportación económica para los gastos que supone un nacimiento o adopción, incentivar la natalidad en los peque
La Diputación ha aprobado en Junta de Gobierno dos expedientes para afrontar el reto de la despoblación en la provincia de Córdoba. Por un lado, una convocatoria de ayudas económicas a la natalidad y adopción y, por otro, la puesta en marcha de un protocolo de actuación en materia de exclusión financiera y bancaria.
La vicepresidenta segunda y delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda de la institución provincial, Marta Siles, ha destacado que “se trata de dos medidas importantes con las que queremos paliar un fenómeno, el de la despoblación, al que no es ajeno la provincia de Córdoba”. En este sentido, ha apuntado que “en la última década ha habido un índice de bajada de población muy significativo en nuestro territorio, y esto conlleva una degradación importante en el tejido social y económico”.
Siles ha incidido en que “en el mundo rural, a este descenso de la población hay que sumar el hecho de que hay menos oportunidades y servicios y se necesita, por tanto, una intervención más urgente, como la que estamos impulsando desde la Diputación de Córdoba”.
En lo que se refiere a la convocatoria de ayudas económicas a la natalidad y/o adopción, las bases se publicarán el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de mañana 10 de julio y podrán solicitarla, entre el 11 de julio y 11 de noviembre, los municipios menores de 5.000 habitantes, ELAs y aldeas de la provincia de Córdoba. El importe que se concede por cada ayuda es de 600 euros, en un único pago y se realizará en concurrencia no competitiva, es decir por orden de llegada de las solicitudes.
La cuantía global que se destina a estas ayudas es de 300.000 euros y podrán ser beneficiarios aquellos progenitores o adoptantes en nombre propio o como representantes de la unidad de convivencia que presenten solicitud de subvención en el plazo y según modelo normalizado que se establecerá en la convocatoria. Han de concurrir las siguientes circunstancias; que el domicilio del menor coincida con el de la persona beneficiaria, que conviva con el menor, que tenga la residencia en cualquiera de las entidades que figuran en el anexo y estar empadronado con antigüedad de al menos un año antes del nacimiento o adopción y que el nacimiento se haya producido entre el 1 de noviembre de 2023 y el 31 de octubre de 2024.
La diputada ha insistido en que “la finalidad que persigue la institución con esta medida es contribuir a que las familias reciban una aportación económica para los gastos que supone un nacimiento o adopción, incentivar la natalidad en los pequeños municipios y contribuir a fijar la población”. Para finalizar, Siles ha señalado que “esta convocatoria va a llegar a más de 320 núcleos de población de la provincia y casi 170.000 vecinos”.
Protocolo en materia de exclusión financiera y bancaria
Otra de las medidas aprobadas hoy en Junta de Gobierno para afrontar el reto de la despoblación ha sido un protocolo general de actuación entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y entidades financieras (Unicaja, CaixaBank, Caja Rural del Sur y Kutxbank CajaSur) en materia de exclusión financiera y bancaria.
Al respecto, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles; acompañada por la delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz, ha informado de que “este problema es otra de las consecuencias graves del cambio demográfico, sobre todo en los núcleos de menos población, en los que ha habido un cierre progresivo de entidades bancarias”.
Ante esta situación, el objetivo de este nuevo instrumento de colaboración es el de “ampliar la cobertura de la instalación y puesta en funcionamiento de cajeros automáticos en aquellos municipios que no cuenten con este servicio”.
Para implementar esta medida, las partes desarrollarán actuaciones previas, incluyendo el intercambio de información, la fijación de los requisitos pertinentes, el estudio de fórmulas adecuadas para la prestación de los servicios financieros y el impulso de los trámites administrativos y técnicos necesarios, entre otros.
Por su parte, la Diputación de Córdoba se encargará de la búsqueda y localización de espacios y locales para ubicar los cajeros automáticos y desarrollar las actuaciones para su instalación. Siles ha señalado que “la institución provincial ya está colaborando con Caja Rural del Sur en este sentido, en las poblaciones de Conquista, El Guijo, Fuente La Lancha y Obejo”.