El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado hoy a conocer, junto al presidente de Epremasa, Andrés Lorite, el proyecto de Ordenanzas Fiscales de la institución provincial para 2024, que recoge “una subida cero de las tasas y precios públicos para el próximo año y una revisión de la ordenanza que regula la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales en la provincia, que lleva a cabo Epremasa”.
En este sentido, Fuentes ha señalado que “esta revisión responde a la aplicación de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno de España, que implica un nuevo impuesto que grava el depósito de residuos en vertederos. En base a este, la Diputación tiene que abonar 4,5 millones de euros al año que tiene que incorporar al recibo”.
El presidente de la Diputación ha anunciado que “esta situación hace que esté previsto un déficit en 2024 de un 51,53% (-9.625.672 euros), siendo un 24,04% debido al impuesto de vertederos del Gobierno de España (-4.490.911 euros), un 10,5% al aumento de los gastos de contratas (-1.963.156 euros) y el 16,9% restante a la disminución de ventas y otros factores (-3.172.400 euros)”.
Para reducir esta cifra, Fuentes ha anunciado que “la Diputación aportará, por vez primera, una subvención de explotación a Epremasa por valor de 2.017.000 euros, lo que permitirá reducir la subida del 51,53% hasta el 40,8%. Este incremento se destinará en su mayor parte a sufragar el impuesto de vertederos. De esta manera, se plantea una subida de 3,14 euros al mes, de los cuales 1,85 euros se destinan al pago del impuesto del Gobierno de España y 1,29 euros a pérdidas de explotación”.
Por otro lado, el presidente de la Diputación ha recordado que “Epremasa se encuentra en una situación delicada por otras cuestiones, como el descenso en la venta de materiales reciclados -sobre todo cartón reciclado, cuyo precio de venta ha caído un 70%- y por no haber tomado decisiones desde 2018”.
Con respecto al presupuesto de la empresa provincial para 2024, Fuentes ha explicado que “asciende a 40.298.329 euros, prácticamente un incremento de un 10% por el aumento de los precios de materiales y el desfase provocado por la recaudación del impuesto del Gobierno de España, del cual pedimos desde la FEMP una moratoria o compensación pero no fuimos escuchados”.
“Es un presupuesto no expansivo y prudente para 2024, un presupuesto responsable, por lo que pedimos un esfuerzo para equilibrar las cuentas y poder llegar a 2025 con unas cuentas diferentes que no haya que repercutir”, ha señalado.
Por su parte, el presidente de Epremasa, Andrés Lorite, ha insistido en que “hemos tenido sensibilidad social con una inyección de dos millones de euros para los gastos de explotación, un hecho que es histórico porque por primera vez se inyectan fondos en la empresa pública”.
Bonificaciones y reducciones
Para paliar la situación derivada del incremento en las tasas, la empresa provincial aplicará, de conformidad con una disposición recogida en la Ley de residuos, una bonificación de un 25% de la cuota íntegra para aquellas empresas de distribución alimentaria y de restauración que tengan establecidos, en colaboración con entidades de economía social, sistema de gestión que reduzcan de forma verificable los residuos alimentarios.
A esta bonificación se suman las ya existentes, de un 50% en la tarifa anual y manteniéndose la ayuda durante tres años, para viviendas cuyos beneficiarios tengan la condición de jubilado o pensionista, de perceptores de renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital, que tengan la condición de familia numerosa, mujeres víctimas de violencia de género, que sea una unidad familiar donde al menos dos miembros en edad de trabajar estén en situación de desempleo, que los ingresos no superen 1,5 veces el IPREM y que se esté al corriente del pago de la tasa o prestación patrimonial no tributaria.
Como novedad, se incluye la posibilidad de que sean beneficiarias las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, los propietarios de algún inmueble no habitual en un porcentaje igual o inferior al 25% y se modifica el plazo de recepción de solicitudes, que pasa a ser de tres meses -del 1 de julio a 30 septiembre- para tener datos tributarios más actualizados.
