La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), promueve la contratación de personas en situación de exclusión social o riego de estarlo con un presupuesto total de 3.050.000 euros. Son ayudas que solicitan los ayuntamientos para ofrecer un empleo a personas en situaciones de vulnerabilidad previo informe de idoneidad por parte de los Servicios Sociales Comunitarios.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado que dicha partida se ajusta, por un lado, al programa Empleo Social 2025, dotado con 2,5 millones de euros, y otro dotado con 550.000 euros enfocado a mujeres también en riesgo de exclusión y víctimas de violencia de género, paradas de larga duración, con cargas familiares no compartidas, con discapacidad o en proceso de recuperación de adicciones.
“Nada de lo social nos es ajeno. Estamos volcando muchos recursos sobre los ayuntamientos para que nadie se quede atrás con nuevas especificidades en este año para ofrecer a los técnicos del IPBS criterios objetivos en el tratamiento y en la urgencia de necesidad”, ha apostillado.
En este sentido, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial cordobesa, Irene Aguilera, ha explicado los cambios respecto a la convocatoria de 2024. “Se ha ampliado la duración a 6 meses directamente; la Diputación aporta un 10% más, lo que beneficia a los ayuntamientos; se ha incluido la situaciones sobrevenidas, así como se han introducido los itinerarios de inserción”, ha comentado la también presidenta del IPBS, quien ha agregado que “se trata de ofrecer más facilidad para llegar a más número de personas”.
La también presidenta del IPBS -entidad que tramita las ayudas- ha explicado que los contratos se promoverán a petición de los ayuntamientos y que las cuantías a subvencionar aumentarán en función del menor número de habitantes en los municipios.
Los requisitos
Para acceder al programa, las personas han de estar empadronadas durante un periodo de tres meses -antes de la presentación de la solicitud- en municipios de la provincia de Córdoba e inscritas como desempleadas en el SAE con una antigüedad mínima de 45 días -con la excepción de aquellas contratadas por un periodo inferior a 36 días-; no haber rechazo una oferta pública de empleo o curso de formación y con insuficiencia de recursos.
En relación a los criterios económicos, se tomará en cuenta los ingresos (rentas, pensiones, o subsidios) de los últimos 6 meses teniendo en cuenta el Iprem vigente a 14 pagas. Se valorarán las circunstancias de familias monoparentales, numerosas, víctimas de violencia de género, con personas con discapacidad, adicciones o personas desempleadas de larga duración (a partir de un año). Las jornadas de las contrataciones podrán ser completas y a tiempo parcial.
