l Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) está trabajando en un nuevo reglamento con el que se abordarán las funciones de detección, valoración e intervención con niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo y sus unidades familiares.
Su presidente, Francisco Ángel Sánchez, explica que “la principal novedad que incorpora el documento es la instauración de una herramienta administrativa que permitirá declarar en situación de riesgo a aquellos menores cuyos progenitores, tutores o guardadores que se nieguen a colaborar con los Servicios Sociales, evitando así que sigan expuestos a acciones de maltrato, vejatorias o negligentes, por parte de quienes ejercen la responsabilidad parental”.
Según Sánchez, “este reglamento, en fase de borrador y que deberá ser aprobado por la Corporación provincial, afectará a todos los municipios menores de 20.000 habitantes y ELAs, con el objetivo de aportar garantías para que los procedimientos administrativos y técnicos que se lleven a cabo protejan debidamente a las personas menores de edad, cuya vulnerabilidad resulta más evidente”.
El documento contempla la instauración del acto administrativo para declarar en situación de riesgo a aquellos menores cuyos progenitores, tutores o guardadores se nieguen a colaborar activamente en los proyectos de intervención que llevan a cabo los equipos del IPBS, compuestos por profesionales del Trabajo Social, la Educación Social y la Psicología de los equipos de las zonas básicas y los equipos de tratamiento familiar, así como de la Unidad de Adicciones.
“De este modo, la omisión de la colaboración supondrá la declaración de riesgo para el menor, estableciéndose un ultimátum para las familias previo al procedimiento de declaración de desamparo”, apuntilla Sánchez.
El diputado provincial subraya “la importancia de este hecho en un contexto en el que la ausencia de conciencia del problema y la falta de motivación para el cambio son algunos de los factores de riesgo asociados a las familias con las que trabaja el IPBS”.
Sánchez añade que “se creará un órgano colegiado, en el que además del personal experto de este organismo estarán presentes representantes de los ámbitos educativo y sanitario y de la Junta de Andalucía”. “También formará parte de este órgano la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, que tendrá la responsabilidad de emitir las declaraciones de riesgo a propuesta de los equipos de profesionales del IPBS”, continua.
El presidente del IPBS recuerda que “las administraciones locales, por su proximidad a la ciudadanía, están en primera línea de acción y tienen la encomienda y responsabilidad de la detección de situaciones de vulnerabilidad entre menores, así como la intervención en casos donde se acredite el riesgo”.
Situaciones de riesgo
El diputado provincial explica que las situaciones de riesgo son “aquellas en las que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se puede ver perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de tutela, sea precisa la intervención de la administración, en nuestro caso la local, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar”.
Durante el año 2020, los Equipos de Tratamiento Familiar del IPBS que trabajan en exclusividad con casos valorados de situación de riesgo llevaron a cabo un total de 139 proyectos de Tratamiento familiar, con unos 300 menores afectados. Por su parte, los Equipos de Zonas Básicas de Servicios Sociales, durante el año pasado y en lo que va de 2021, han investigado y valorado un total de 67 detecciones-notificaciones de situación de riesgo o desprotección, efectuadas por dispositivos educativos, sanitarios y por parte de la ciudadanía, y abierto un total de 276 expedientes de casos procedentes de Fiscalía, el Servicio de Protección de Menores, la Policía o de casos trasladados de otras localidades. La mayoría de los casos han supuesto la puesta en marcha de intervenciones profesionales tras valorar situación de riesgo para los niños, niñas y adolescentes de esas unidades familiares.
