Un total de 54 entidades sociales de la provincia han resultado beneficiarias de la convocatoria de subvenciones que para tal fin puso en marcha la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), con un presupuesto total de 500.000 euros.
En relación con esta línea de ayudas, la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha resaltado que “las administraciones públicas somos conscientes de la importancia de estos colectivos para alcanzar todos los objetivos que nos planteamos en materia social”.
Aguilera ha insistido en que “dichas entidades son, además, nuestro faro y nuestra guía para saber hacia dónde deben dirigirse los recursos públicos, siendo ellos los que en última instancia ejecutan las cantidades destinadas a cada proyecto”.
“Así, podemos decir que son 14 los proyectos dirigidos a infancia y adolescencia, con un total de 136.980,50 euros; dos centrados en familias, con 12.897,61 euros; 10 dirigidos a la atención y apoyo a personas con trastornos o discapacidad en situación de exclusión social, con 91.020,89 euros, y dos para personas mayores en riesgo de exclusión social con 17.825,92 euros de presupuesto”, ha añadido.
Según la responsable del Área, “a ellos se suman un proyecto dirigido a la atención a personas sin hogar (9.600 euros), otro destinado a desarrollar medidas que faciliten el acceso a recursos básicos (9.600 euros) y 17 proyectos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad o dependencia (146.488,74 euros)”.
Finalmente, ha continuado, “se subvencionarán tres proyectos para la prevención e inserción sociolaboral (23.106,85 euros), dos para mujeres víctimas y supervivientes de trata (21.600 euros) y dos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en las Zonas Desfavorecidas de municipios menores de 20.000 habitantes (19.200 euros)”.
En definitiva, ha concluido Aguilera, “proyectos e iniciativas que nos permiten llegar a la totalidad de nuestro territorio desde un punto de vista social y hacerlo con la garantía de que estamos atendiendo a las demandas de nuestros vecinos y vecinas, con independencia de su lugar de residencia”.
