La delegada del Gobierno, Esther Ruiz, ha participado esta mañana, junto con la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Ángeles Luna, y el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, en la apertura de la jornada formativa sobre la puesta en marcha del decreto-ley que establece en Andalucía la Renta Mínima de Inserción Social que en la provincia de Córdoba va a beneficiar cada año a 15.500 personas de 5.823 unidades familiares.
Esta jornada está a dirigida a profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y personal de las Delegaciones territoriales de Igualdad y Salud. La delegada ha mostrado su reconocimiento a los y las profesionales “que van a ser los y las artífices de la aplicación de este decreto-ley que va a beneficiar cada año a 5.823 unidades familiares y dará cobertura a unas 15.500 personas en Córdoba”.
Como ha indicado la delegada, “hablamos de datos que son sólo una estimación ya que la Renta Mínima de Inserción Social nace como ley con carácter subjetivo, es decir todas las personas que cumplan con los requisitos tendrán derecho a recibirla”.
Ruiz ha explicado que “esta nueva prestación surge ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”. Durante su intervención, Ruiz ha asegurado que “hemos pasado de una crisis económica que se ha cebado con las personas más débiles a una recuperación económica que no puede olvidar a las más débiles. Algo que desde Andalucía no vamos a permitir”.
Para finalizar, Ruiz, ha señalado que “el Gobierno andaluz mantiene una línea política que defiende con hechos: como es el caso de este decreto-ley, que viene a paliar situaciones de vulnerabilidad de muchas familias en las que hay que volcar todo nuestro esfuerzo y recursos para que puedan revertir esa situación y encontrar un futuro digno y con garantías”
Por su parte, la secretaria general de Servicios Sociales ha subrayado que, además de la ayuda económica y de acuerdo con el decreto-ley, el Servicio Andaluz de Empleo y los servicios sociales comunitarios del municipio donde resida la persona solicitante, diseñará un plan de inclusión sociolaboral personalizado que incluirá las actuaciones y medidas que se deberán desarrollar. “Este documento, que deberá elaborarse en el plazo de un mes a partir de la concesión, deberá incorporar la perspectiva de género mediante la inclusión expresa de acciones para avanzar en la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”, ha remarcado Purificación Gálvez.
En este sentido, ha explicado que el decreto-ley prevé la posibilidad de suspender de forma temporal la percepción de la renta mínima en el supuesto de que se suscriba un contrato de trabajo con una duración entre uno y seis meses. “Otra de las novedades es la unificación de los criterios de situación de urgencia o emergencia social, cuyo procedimiento se acordará o desestimará en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la delegación territorial que corresponda. En caso de denegación, se seguirá el procedimiento ordinario”, ha indicado.
Asimismo, la secretaria general de Servicios Sociales ha señalado que se trata de un nuevo derecho subjetivo garantizado legalmente que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. “Es necesario que se configure un sistema de garantía de rentas mínimas de carácter estatal para todas las personas y familias en situación de vulnerabilidad y de exclusión social o en riesgo de estarlo ante el deterioro de la cohesión social agravado por el aumento de la desigualdad y la precariedad que ha traído consigo la reforma laboral del Gobierno central”, ha resaltado.
Por otro lado, Purificación Gálvez ha subrayado que la Renta Mínima, recogida en el Estatuto de Autonomía como derecho social, se ha incorporado como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consiste en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS))”. “Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales”, ha detallado.
Durante su intervención, la secretaria general ha indicado que “el nuevo modelo da prioridad a las familias con menores de edad a su cargo, así como las monomarentales y monoparentales, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad”. “Entre los requisitos de acceso destacan que la unidad familiar esté empadronada de forma estable en un municipio de Andalucía desde al menos un año antes a la fecha de la solicitud y que la persona solicitante tenga una edad de entre 25 y 64 años y esté inscrita como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo”, ha detallado.
El decreto-ley ha sido elaborado con la colaboración de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la Renta Mínima, de la que forman parte los sindicatos CCOO y UGT, las Asociaciones de Consumidores Facua y UCA, y otras entidades como CEPES y la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El Parlamento de Andalucía convalida el decreto
La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto por el que entra en vigor la Ley de Renta Mínima de Inserción Social, la nueva prestación garantizada del sistema público andaluz de servicios sociales. El órgano parlamentario ha ratificado el texto del decreto-ley, aprobado el pasado 19 de diciembre por el Consejo y que impulsará la integración social y laboral de las personas perceptoras y atenderá situaciones de exclusión y pobreza. La nueva renta entró en vigor el 1 de enero último contará con un presupuesto para este año de 198 millones de euros. Según las previsiones de la Junta, para el periodo 2018-2021 se destinarán 819 millones de euros para las prestaciones de las que se beneficiarán cada año más de 45.000 unidades familiares (unas 120.000 personas), de las que unas 14.700 corresponden a nuevos colectivos no incluidos en el vigente IMS.
La Renta Mínima se incorporará como prestación garantizada en el Catálogo de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía. Consistirá en una aportación de entre 419,52 y 779,87 euros mensuales por 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las circunstancias (frente a los seis del actual IMS). Los nuevos colectivos incluidos son las personas inmigrantes y las mayores de 65 años con menores a su cargo, y las de edades comprendidas entre los 16 y 24 años siempre que concurran circunstancias excepcionales.
