Las investigaciones se iniciaron tras observar el Equipo de Protección de la Naturaleza del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, cuando circulaban por el Km. 0,5 de la carretera A-432 en las inmediaciones del Río Cabra, término municipal de Monturque, una columna de humo procedente al parecer de un incendio forestal.
Ante ello, los Guardias Civiles solicitaron a través del 112 la presencia de una dotación de bomberos, ya que en un primer momento no pudieron extinguir por sí solos el fuego dado que la sustancia vertida reaccionaba con más gases y llamas a la utilización del extintor de dotación del vehículo oficial y agua. Finalmente se personó una dotación del parque de bomberos de Lucena la cual procedió a su extinción.
Con el objeto de poder identificar y conocer las características de la sustancia y atacar con garantías las llamas, el jefe de la dotación realizó consulta a la Gerencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, la cual contactó con una empresa especializada en gestión de residuos peligrosos que identificó el tipo de “cenizas” vertidas como restos de la aplicación de fosfuro de aluminio, altamente tóxico, teniendo la consideración de un producto biocida utilizado en el control de plagas.
El desarrollo de la investigación desarrollada por el Equipo de Investigación del SEPRONA permitió establecer el origen del residuo de fosfuro que provocó el incendio. Además, se consiguió identificar la empresa agroalimentaria donde fue aplicado el producto y a la empresa encargada del tratamiento; al administrador de ésta y a dos trabajadores que, en calidad de técnicos habilitados para poder realizar este tipo de tratamientos, fueron los responsables de la aplicación del fosfuro de aluminio y de la posterior retirada y eliminación incontrolada mediante su vertido del residuo de fosfuro que dio origen al incendio.
Ante ello el SEPRONA, procedió a la investigación de estas tres personas, administrador y dos técnicos, como presuntas autoras de un delito de incendio forestal y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Las diligencias e investigados han sido entregadas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Único de Aguilar de la Frontera.
