El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, y el alcalde de Carcabuey, Juan Miguel Ruiz, han suscrito un acuerdo de colaboración carcabulense de un solar del municipio, que forma parte del patrimonio público de suelo, con el fin de promover la construcción de dos viviendas sujetas al régimen de protección pública.
Durante la firma del convenio el máximo representante de la institución provincial ha señalado que “esta actuación responde al recién aprobado Programa de Inversiones para la Promoción de Viviendas Protegidas de Titularidad de la Diputación 2020-2022, que prevé llevar a cabo una serie de actuaciones en dicho período en distintos municipios por valor de 400.000 euros”.
“Con esta firma se pone de manifiesto nuestra voluntad de desarrollar políticas que supongan un incremento de la calidad de vida de los cordobeses y un mayor arraigo a su entorno, contribuyendo además a que la despoblación rural no siga avanzando”, ha subrayado Ruiz.
El presidente de la Diputación ha insistido en que esta intervención cumple con un doble objetivo ya que “por un lado avanzamos en esa calidad de vida de nuestros vecinos y, por otro, estamos generando empleos directos e indirectos vinculados a la construcción de las viviendas”.
Además, ha continuado, “es el momento de reactivar todos los sectores económicos y laborales de nuestra provincia, tras un primer semestre marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, y la construcción no debe quedar atrás y ha de recibir el apoyo de las administraciones públicas”.
Estas viviendas tendrán limitada su renta máxima y los adjudicatarios podrán acceder a las ayudas oficiales previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. La Diputación se ocupará de la redacción del proyecto y la dirección de obras, así como la ejecución de la promoción de viviendas, estableciéndose un plazo de construcción de cuatro años. La inversión total en esta actuación asciende a 165.000 euros.
El Ayuntamiento de Carcabuey, por su parte, facilitará a la institución provincial una relación priorizada de demandantes que cumplan los requisitos legales establecidos para la adjudicación.
