La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Elena Ruiz, ha trasmitido su “enorme preocupación” por la “evidente desprotección que están sufriendo las hijas e hijos víctimas de la violencia vicaria que ejercen los padres agresores como consecuencia directa de la violencia de género”, y ha exigido al Gobierno central “máxima celeridad” en la aplicación legislativa del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en el Congreso de los Diputados hace más tres meses.
Dicho pacto señala en sus medidas 143 y 144 el compromiso del Estado español de evitar la custodia compartida en los casos de violencia de género, impidiéndola “siquiera provisionalmente si está en curso un procedimiento penal”, e imponer la suspensión “del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”, como es el preocupante caso de estos días en Granada, en el que un niño y una niña permanecen secuestrados por su padre maltratador, sobre el pesa una orden de alejamiento respecto a la ex pareja y madre los menores por violencia de género, vigente hasta septiembre de 2022.
La directora del IAM ha lamentado “la absoluta desprotección ante la que se están encontrando las hijas y hijos de mujeres víctimas”, algunas de las cuales “han estado en situaciones desesperadas porque las instituciones y las leyes no han podido garantizar la seguridad de sus hijos e hijas, víctimas directas de la violencia machista de sus padres, condenados por violencia.
En este sentido, Ruiz ha recordado que el Pacto, refrendado en el parlamento español, contempla “las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas menores” de violencia de género, incluso encontrándose éstas en situaciones de jurisdicción internacional, en línea con el reciente Convenio europeo de Estambul, compatible con el Convenio de la Haya y de carácter obligatorio para los estados miembros de la Comisión Europea.
Junto a ello, Ruiz ha reclamado la planificación presupuestaria del Pacto de Estado para 2018, primer año de aplicación del pacto, y ha señalado que la ciudadanía “no es responsable de que los Presupuestos del Estado no hayan sido aprobados aún, por lo que no deben sufrir las consecuencias“. Así, ha señalado la urgencia de comenzar la planificación financiera y los cambios legislativos acordados, porque de lo contrario “España deja en papel mojado un pacto de estado y un convenio europeo de obligado cumplimiento”.
