La Diputación de Córdoba ha destinado un total de 1.085.596 euros a 50 asociaciones y entidades de la provincia de Córdoba para el desarrollo de actividades y programas sociales en el ámbito de la discapacidad, mayores, menores y personas en riesgo de exclusión.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, acompañado de la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial, Irene Aguilera, ha suscrito los convenios con las entidades beneficiarias de estas ayudas que permitirán mejorar la atención de los distintos colectivos en los municipios de la provincia.
Fuentes ha agradecido “la labor impagable que realizan estas asociaciones las 24 horas durante todos los días del año, llegando muchas veces donde no llegamos las administraciones públicas, por lo que debemos reconocer la importancia de estos colectivos para alcanzar todos los objetivos que nos planteamos en materia socia”.
El máximo representante de la institución provincial ha insistido en “la importancia del trabajo que vienen realizando estas entidades, un trabajo de proximidad y cercanía para garantizar el acceso a servicios esenciales a las personas que lo necesitan”.
Según Fuentes, “una labor que tiene como pilar el voluntariado y la solidaridad de todos aquellos que conforman los colectivos que hoy están aquí presentes y que permiten maximizar los recursos de los que disponemos las administraciones públicas”.
“Esta firma nos permite, sin duda, visibilizar el trabajo de estas asociaciones y entidades sociales de la provincia. Una labor incansable que a menudo pasa desapercibida pero que es esencial para sacar adelante iniciativas y proyectos en nuestros municipios”, ha concluido Fuentes.
Por su parte, la delegada de Derechos Sociales de la Diputación, Irene Aguilera, ha matizado que “la rúbrica de estos convenios nos permite poner en carga 750.000 desde este Área y más de 300.000 euros desde el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS)”.
Aguilera ha hecho hincapié en que “estos acuerdos nos permiten poner el foco de atención y destinar recursos a colectivos que trabajan con menores, con personas mayores, con personas en riesgo de exclusión social y también en el ámbito de la discapacidad”.
“Estas ayudas suponen, además, responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades que se nos plantean desde estos colectivos, verdaderos conocedores de las problemáticas que deben ser abordadas con mayor urgencia, garantizando así la mayor rentabilidad de los recursos que se destinan a estos segmentos de población”, ha concluido Aguilera.
